Por qué importa la integridad en agua y saneamiento
El acceso a agua y saneamiento es un derecho humano fundamental, pero el sector está muy expuesto a riesgos de corrupción a lo largo de toda la cadena de prestación, desde la formulación de políticas y la regulación hasta la contratación y las operaciones diarias. En América Latina, las pérdidas por corrupción en el sector se estiman entre el 6% y el 25%, y los proyectos con mayor riesgo de corrupción tienen costos unitarios entre un 1,1% y un 16,4% superiores al promedio. Estos riesgos se traducen en infraestructura de mala calidad, servicios poco confiables y una pérdida de confianza pública.
¿Qué es el SEMI?
El Sistema de Evaluación y Monitoreo de Integridad (SEMI) es una herramienta regulatoria desarrollada por el Consorcio por la Integridad en el sector de Agua y Saneamiento, compuesto por la Red de Integridad del Agua (WIN), el Instituto Sueco de Investigación Ambiental (IVL) y cewas, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En lugar de imponer un listado fijo, el SEMI ofrece un conjunto flexible de hasta 40 indicadores organizados en torno a los cuatro pilares de la integridad: transparencia (10 indicadores), rendición de cuentas (9), participación ciudadana (9) y anticorrupción (12). Cada ente regulador selecciona y adapta los indicadores más relevantes para su contexto, capacidades y prioridades, y valida esa selección junto a los prestadores de servicios.
Principios que lo guían
El SEMI se sostiene en cuatro principios: aplicabilidad universal para prestadores de todos los tamaños, desde grandes empresas urbanas hasta pequeñas juntas de agua rurales; minimizar la carga de trabajo al integrarse con los sistemas de evaluación comparativa ya existentes, en lugar de duplicarlos; un enfoque participativo y centrado en el usuario, donde el ente regulador no queda atado a una lista predefinida; y la búsqueda de un dato numérico, el índice de integridad, que permite comparar y monitorear el desempeño en el tiempo.
Un proceso en cuatro fases
La implementación del SEMI se desarrolla en cuatro fases: Fase I, lanzamiento y contextualización, donde el ente regulador formaliza su compromiso y se mapea el marco legal y de reporte del sector; Fase II, construcción participativa de la batería de indicadores mediante un taller con expertos del ente regulador; Fase III, validación de los indicadores junto a los prestadores de servicios, a través de un ejercicio propio de autoevaluación; y Fase IV, implementación, donde los resultados se consolidan en un índice de integridad y se establecen mecanismos para asegurar la sostenibilidad del sistema en el tiempo.
Experiencias reales en América Latina
El informe documenta en detalle cómo Honduras y Bolivia adaptaron el SEMI a sus propios marcos regulatorios. En Honduras, el ente regulador ERSAPS institucionalizó la herramienta mediante una resolución oficial y la aplica progresivamente a los prestadores; el índice de integridad promedio pasó del 65% en 2022 al 72% en 2024. En Bolivia, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) trabajó con 11 prestadores de cuatro categorías distintas, definiendo 16 indicadores adaptados a su contexto (cuatro por pilar) e integrándolos a su sistema de información regulatoria existente.
Lecciones y recomendaciones
El informe cierra con lecciones de ambas experiencias y recomendaciones prácticas para otros entes reguladores: mantener el SEMI como un menú adaptable y no como un recetario rígido, cocrear el proceso con los prestadores desde el inicio para asegurar legitimidad, involucrar a los equipos legales desde el principio para que los indicadores estén dentro del mandato regulatorio, integrarse a los sistemas de reporte existentes para reducir costos de transición, comenzar con un conjunto mínimo y escalar gradualmente, y vincular la medición con la capacitación, el acompañamiento técnico y el reconocimiento público del buen desempeño.
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